Avanza la restauración

Macario Schettino

Fuera de la Caja

La semana pasada, la PGR se desistió de la acusación a Alejandro Gutiérrez, quien fue el responsable del dinero en el PRI de Manlio Fabio Beltrones, es decir, en las elecciones de 2016, que iniciaron la debacle de ese partido. Gutiérrez ha sido acusado de mover de forma ilegal recursos para campañas de su instituto político, en connivencia con el entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte, por el ahora gobernador, Javier Corral. Aunque hay un proceso local en su contra, el importante era federal, y ya no existe.

En otro evento, el tribunal electoral (TEPJF) decidió que el fideicomiso convocado por López Obrador y Morena, administrado por su gente cercana, promovido por el partido, y del que se entregaron recursos en su nombre, no tiene nada que ver con ese partido. Como se sabe, el INE documentó que en ese fideicomiso se depositaron más de 44 millones de pesos en efectivo y 3.2 millones de empresas mercantiles, ambas cosas prohibidas por la ley electoral. De ahí, se entregaron casi 65 millones de pesos a 70 personas, en 169 cheques de caja. De ellas, 56 están vinculadas a Morena, y aunque los recursos entregados en Morelos podrían provenir de ahí (y entonces configurar otro delito), eso no pudo demostrarse. Sin necesidad de ello, había suficientes infracciones a la ley electoral para sustentar la multa a Morena. El Tribunal, el mismo que permitió el robo de la elección de Coahuila en 2017, el mismo que pretende respaldar los robos ahora en Nuevo León, decidió que Morena actuó de buena fe.

Para quienes vivimos los tiempos del autoritarismo priista, no hay nada nuevo en estas decisiones. Durante el siglo XX, las instituciones de justicia en México servían para defender la estructura de poder, y nada más. La Ley era una excusa a la que se recurría ocasionalmente, pero sabíamos todos que entrar a un pleito judicial era una tragedia. Sólo se podía ganar si uno estaba en una posición de poder superior a la del adversario. Y el poder se definía mediante la escala del PRI. No existía nada más.

Por primera vez en décadas, la ley empezó a utilizarse a partir de la reforma al Poder Judicial de 1994. Una Suprema Corte autónoma se hizo cargo de su responsabilidad, y la ley empezó a existir. Entre otras cosas, hubo un cambio espectacular en los procesos de expropiación, que antes de esa fecha eran simple arbitrio gubernamental. Desde entonces, expropiar implica demostrar la causa de utilidad pública, que se ha vuelto algo casi imposible. Por eso Fox no pudo expropiar los terrenos para hacer el aeropuerto, ni López Obrador para hacer un acceso a un hospital. El primero respetó a la Corte, el segundo, no. Fue desaforado, y desde ahí creó su imagen de mártir antisistémico, que tantos réditos le ha dado.

Pero eso parece llegar a su fin. La PGR fue utilizada políticamente en este sexenio como hacía mucho no ocurría: para no revisar las cuentas del presidente ni sus allegados, para perseguir a sus enemigos políticos, para perdonar a sus aliados. El TEPJF, lo mismo, pero éste ahora empieza a plegarse a la nueva fuente del poder. Imagino que los magistrados pensarán en los 20 años que les quedan de vida activa, que muy posiblemente perciben bajo el control de Morena. Y a esa vejez tranquila están jugando.

Así como los tres siglos del virreinato marcaron nuestras tradiciones y costumbres, y nos impiden modernizarnos, así ese siglo de autoritarismo nos dificulta construir el Estado de derecho y la democracia. Con facilidad nos regresamos a lo que sabemos: subordinarnos al poder. Avanza la restauración.

FUENTE: EL FINANCIERO