Razones contra la dispersión

Carlos Elizondo Mayer Serra

Una de las promesas de López Obrador fue reubicar 31 dependencias federales fuera de la Ciudad de México. De las principales, sólo se quedarían en la capital: Presidencia, Hacienda, Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa, Marina y la Procuraduría 

Es una propuesta popular. Entraña la idea de compartir con todo el país los beneficios del gasto de la burocracia federal. El futuro gobierno parece comprometido a cumplir la promesa. Subestiman los costos de hacerlo.

El artículo 44 de la Constitución señala que la Ciudad de México “es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión”. Nada dice sobre dónde deben estar las partes que integran al Poder Ejecutivo Federal. En las federaciones en el mundo, en el lugar de la sede de los poderes, se encuentran la gran mayoría de las agencias administrativas. Nunca dispersas por todo el país.

Hay una lógica detrás de esto: la interacción entre las distintas dependencias es constante. No sólo los titulares tienen que ver al Presidente y a sus colegas en todo tipo de reuniones, sino que en los distintos niveles de la burocracia la coordinación con otras entidades es rutinaria. Por ejemplo, los trámites en materia energética para un mismo asunto pueden requerir decenas de reuniones entre funcionarios de la Secretaría de Energía, Hacienda, Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Todas estas son entidades fundamentalmente regulatorias que requieren estar espacialmente cercanas.

Ya implica un costo de tiempo en traslados el que no estén todas congregadas en Palacio Nacional, o por lo menos en el centro de la Ciudad, como era antes del sismo de 1985. ¿Se imaginan si estuvieran dispersas por todo el país? No sólo sería un problema para los funcionarios en su labor diaria, lo sería para un empresario que quisiera hacer un trámite. ¿Se imaginan al interesado en un asunto energético yendo de Villahermosa, donde estaría Energía, a Mérida, donde estaría Medio Ambiente, a Ciudad del Carmen, donde se encontrará Pemex, y luego a la Ciudad de México para el resto de los trámites?

Incluso la operación al interior de una secretaría se complicará. El futuro secretario de Educación ha dicho que a partir del 1 de diciembre despachará en Puebla. ¿Sus subsecretarios también o lo irán a visitar cada vez que sea necesario? ¿Y los directores generales?

Los beneficios de la agregación de personas e información han llevado a que incluso los gigantes informáticos, idealmente los mejores para usar equipos remotos de comunicación entre sus empleados, concentren a sus trabajadores en una gigantesca sede. Las oficinas centrales de Apple, en California, tienen 260 mil metros cuadrados y concentran a más de 12 mil de sus 123 mil trabajadores.

Es larga la historia de descentralizar funciones desde la Federación hacia las entidades. Así se hizo, por ejemplo, en materia educativa en 1992. Pero la lógica era distinta. Un servicio para una entidad bien lo puede atender el gobierno local. Los servicios de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos no son sólo para los agricultores de Ciudad Obregón, a donde se pretende mudar, sino también para los de Tapachula. El lugar que menos traslados implica para todos los agricultores del país es la Ciudad de México.

Pocas agencias federales se han mudado. Dos de ellas tras el sismo de 1985: Capufe a Cuernavaca y el Inegi a Aguascalientes. Ninguna cumple una función regulatoria.

En la selección de sedes no hay más que ocurrencias. ¿Qué lógica justifica mandar la Secretaría de Salud a Chilpancingo, el ISSSTE a Colima y el IMSS a Morelia? Ninguna de estas ciudades está preparada para recibir a las decenas de miles de sus trabajadores administrativos.

La dispersión propuesta afectaría a cientos de miles de familias que tendrían que cambiar su domicilio, escuela y hasta trabajo para alguno de los padres. Si no se quieren ir, y nadie será forzado a hacerlo, según ha dicho AMLO, entonces, ¿se quedarán haciendo su trabajo en la Ciudad de México, aunque las funciones de su oficina se muden a otro lado?

Los Pinos será un museo. ¿También el magnífico edificio de la Secretaría de Educación en la calle de Argentina y Brasil? ¿Y el de Salud en Reforma? ¿Los edificios que hoy rentan tantas dependencias con contratos de largo plazo se vaciarán y seguirán pagando la renta o asumirán la multa de concluir anticipadamente el contrato? ¿O seguirán ocupados para coordinar la gestión de esa entidad en la Ciudad de México, duplicando costos? El Inegi nunca desocupó su oficina central en la calle de Patriotismo, a pesar de haber completado la mudanza a Aguascalientes en 1989, un proceso iniciado en 1985.

Hacer de las corazonadas de AMLO políticas concretas será muy costoso. Una de las más onerosas será su propuesta de dispersión de la administración pública federal a lo largo y ancho del país. Llevará a todo tipo de retrasos administrativos y a hacer aún más complicado de aterrizar el resto de su agenda de cambio.

Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey

Twitter: @carloselizondom

FUENTE: EXCÉLSIOR