Legalización de amapola en Guerrero

Ruth Zavaleta Salgado

Sin lugar a dudas, lo que ha resultado más relevante de lo dicho por alguien del gabinete nombrado por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es lo expuesto por la exministra Olga Sánchez Cordero y futura secretaria de Gobernación: disminuir la violencia en determinadas regiones de la República a partir de la despenalización de la siembra, cosecha, trasiego y uso lúdico de la mariguana; y el de la legalización de la producción de amapola para generar fármacos. De hecho, el miércoles de esta semana, Héctor Aguilar Camín hizo un breve recuento de la problemática de la falta de morfina, principalmente, para las personas pobres que sufren una enfermedad dolorosa

Es en ese contexto que vale preguntarse: ¿Podría ser Guerrero el estado “piloto” para impulsar este cambio de timón de la futura política pública desde la Secretaría de Gobernación? En el inicio de su gestión, el gobernador Héctor Astudillo propuso la opción de legalizar la producción de amapola para producir fármacos controlados.

Pasar de las propuestas a los hechos es muy difícil, pero, considerando que el gobierno de Guerrero coincide con la visión expuesta por Sánchez Cordero, valdría la pena impulsar un esfuerzo común de forma inmediata dado los demoledores datos de violencia y problemática relacionada con la producción de drogas en esa entidad. Tal vez no se logren resultados positivos de forma inmediata, pero se podrán sentar las bases de lo que puede ser un modelo a seguir en algunos estados de la República.

En el diseño de este nuevo modelo de trabajo se deben tener en cuenta, al menos, dos aspectos de la realidad guerrerense. Primero, el cultivo de la amapola tiene impacto territorial: se ha convertido en el motor económico de, al menos, mil 287 comunidades. Según la estadunidense Agencia Estadunidense Antidrogas (DEA), Guerrero produce al menos 50% de la amapola en México y es el principal origen del fentanilo, un opiáceo sintético 50 veces más poderoso que la heroína. En nuestro país se cultivan alrededor de 12 mil hectáreas de la planta. Guerrero es el productor número uno en amapola en el país y el segundo a escala nacional de mariguana, luego le siguen los estados del llamado Triángulo Dorado: Durango, Sinaloa y Chihuahua. A escala mundial, Guerrero compite directamente con Afganistán.

El otro aspecto tiene que ver con el impacto económico del cultivo de amapola en un estado sumido en la pobreza. Según datos de la célebre consultora británica Risk Evaluation (2015), de cada hectárea sembrada de amapola, se producen ocho kilos de goma de opio, con lo cual se puede producir un kilo de heroína que, en el mercado, tiene un costo de cuatro millones 500 mil pesos. Para los campesinos, las ganancias, tras el cultivo y la cosecha, ascienden a mil 200 millones de pesos. En 2015, el municipio de Coyuca de Catalán, cuyo territorio se extiende por la Tierra Caliente y la Sierra, ocupó el primer lugar en la siembra de amapola, donde la Sedena ubicó mil ciento treinta y cuatro hectáreas sembradas. Hay comunidades de la zona que llegan a producir hasta una tonelada de goma de opio en cada ciclo de siembra.

El debate sobre la legalización para uso medicinal es controversial. Muchos especialistas han alertado que regular la siembra de la amapola ayudaría a disminuir la violencia en la entidad, pero afectaría el precio del producto. Si bien eso es verdad, se deja de lado la posibilidad de que Guerrero pueda cooperar con la industria farmacéutica. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que los medicamentos derivados de los opiáceos, como la morfina, la oxicodona, el fentanilo y la buprenorfina, resultan más eficientes que los analgésicos comunes como el paracetamol o los fármacos antiinflamatorios no esteroideos en el tratamiento del dolor moderado a intenso.  Ahí reside la oportunidad de desarrollo para Guerrero. No es tampoco algo nuevo: es lo que se ha hecho en países como India, Francia, España, Australia o China. Lo que se requiere, finalmente, es voluntad política para experimentar un nuevo modelo que podría generar resultados de “ganar, ganar”, toda vez que podría disminuirse la violencia, controlarse la producción de la amapola y mariguana y generar solución al problema de falta de fármacos para uso del sector salud.

Maestra en derecho constitucional por la UNAM

FUENTE: EXCÉLSIOR