Desmienten expertos de la UNAM rumor sobre privatización del agua

Ciudad de México. La declaración de 10 decretos de reserva de agua que entraron en vigor el 7 de junio, tiene únicamente por objeto la protección del agua para la restauración y equilibrio ecológico en 295 cuencas del país, por lo que no hay pauta para la privatización del agua.

Así lo afirmaron este martes investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al abordar el problema de desinformación generado por la difusión de una supuesta privatización del agua, como resultado del levantamiento de veda de las aguas superficiales de dichas cuencas.

En conferencia de prensa, la investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, María del Carmen Carmona Lara, advirtió que el objeto de estos decretos “es el manejo de una nueva visión para el caso de la restauración y preservación del equilibrio ecológico”.

Por su parte, el investigador del Instituto de Geografía, también de la UNAM, Joel Carrillo Rivera, advirtió que el rumor de la privatización del agua “es una simple cortina de humo” y destacó que existen deficiencias para medir la cantidad de agua que se quiere proteger o que se quiere extraer.

Organizaciones civiles, entre ellas la coalición Agua para Todos, han advertido que al permitir el uso doméstico y público urbano del líquido de casi 300 cuencas donde antes estaba prohibido se abre la puerta a concesiones con vigencia hasta de 50 años a la industria minera y al fracking (sistema de fracturación para la extracción de gas y petróleo del subsuelo).

El domingo en redes sociales, luego del partido de futbol entre México y Alemania, circuló un mensaje que advertía que mientras los mexicanos celebraban el triunfo de la selección nacional, el presidente Enrique Peña Nieto autorizó a particulares la explotación de las cuencas que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales del territorio.

FUENTE: LA JORNADA

La “privatización del agua” de Peña Nieto: otra falsedad

Ayer domingo 17 de junio, Sin Embargo publicó una nota titulada “En medio de campañas, privatizan el agua”. El texto, firmado por Rubén Martín, asegura que “mientras se concentra la mirada en las campañas electorales y en el Mundial, el presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país, que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación”.

Para el periodista, modificar el estatus de las vedas equivale, de manera directa, a “privatizar” el agua. Esto es falso.

Dice Martín que “los diez decretos que levantan la veda sobre estas diez cuencas de agua, abren la puerta para que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria”.

Es verdad: son diez decretos y se levantan todas las vedas señaladas. Pero asegurar que eso equivale a “privatizar” el agua es una falsedad armada con tintes políticos. Martín basa sus dichos en el parecer de activistas de la coalición “Agua para Todos”, sin molestarse en citar los textos de los decretos, en contextualizar en torno a la Ley de Aguas Vigente y tampoco en averiguar el significado de los términos que utiliza.

 

Qué significa levantar una veda

De acuerdo con el documento “Vedas, Reservas y Reglamentos de Aguas Nacionales Superficiales” de la Comisión Nacional del Agua, publicado en 2014 en el sitio web http://www.gob.mx, se denomina “Zona de Veda” a “aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos”.

De aquí se desprenden tres cosas importantes:

1.- Las zonas de veda no están 100% cerradas a la explotación, sino que se encuentran estrictamente reguladas.

2.- Una veda tiene el objetivo de permitir la recuperación de una zona sobreexplotada, contaminada o en riesgo ambiental.

3.- Por la naturaleza de sus objetivos, es deseable que llegue el momento que la veda no sea necesaria, al darse la recuperación del sistema hidrológico en cuestión.

Es importante señalar que los decretos que fueron abrogados datan de varias décadas. Uno de los decretos, por ejemplo, señala que diversos estudios técnicos realizados en las cuencas del Río La Antigua, Actopan, Pixquiac, Xuchiapan y Huhueyapan, todos en Veracruz, recomiendan “suprimir las vedas” establecidas en decretos previos debido al “restablecimiento del equilibrio hidrológico de las aguas nacionales superficiales, incluidas las vedas, por lo que se suprimen las zonas de veda vigentes en las cuencas hidrológicas” mencionadas, así como la del Río Papaloapan.

Otro de ellos, que se dedica a otra zona geográfica, establece que las vedas, al imposibilitar “el otorgamiento de concesiones, impide el incremento de la producción agrícola, pecuaria, acuícola e industrial, lo cual limita el desarrollo económico, las inversiones productivas y la generación de empleo”.

De este párrafo, quizá es la afirmación sesgada de que el agua se usará “con fines lucrativos”, nuevamente, equiparando esto último con la privatización. No.

Lo que implica es que empresas de todo tipo, grandes y pequeñas, podrán solicitar una concesión de uso de agua. ¿Es escandaloso? No me lo parece. Todo proyecto productivo, en mayor o menor medida, requiere de agua y es esencial que ese uso se encuentre regulado, bajo la mira de la autoridad, para evitar males como presas clandestinas, robo de las redes de agua y daños al ecosistema.

¿Serán estos nuevos decretos LA solución por sí mismos? No lo creo tampoco. Es simplemente una reestructuración en la manera en que el Estado permite el uso de los bienes hidrológicos a los particulares.

“Concesión”, la palabra maligna

Lo que al parecer ha hecho poner a los periodistas de la prensa militante el grito en el cielo es el darse cuenta que los decretos de EPN favorecerán “el otorgamiento de concesiones”, y para ellos, concesión de uso de agua es sinónimo de privatización de agua.

Nuevamente, esto es falso. Los decretos emitidos asientan que la Nación sigue siendo la propietaria del agua en el país. Su uso se concesiona. Y ojo, esto no es nuevo. Las concesiones de uso de agua son habituales, de toda la vida, vamos.

Es concesión cuando un municipio pequeño hace un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua para recibir suministro a cambio de pagar los impuestos correspondientes. Es concesión cuando un colectivo de agricultores o piscicultores solicitan el uso de una ramal de un río para suplir sus necesidades productivas.

Es concesión, también, cuando un gran corporativo, como alguna empresa refresquera usa millones de litros de agua y (al menos legalmente) se le exige no solo el pago de su consumo millonario, sino también que restaure el daño ecológico causado por el uso masivo de agua.

¿Ocurre en la realidad? No como quisiéramos. Pero el hecho de que existan empresas corruptas, robo de agua, abusos, contaminación ilegal del medio ambiente no justifica que un periodista mienta para alborotar el ambiente político.

Las reservas

Los decretos firmados por EPN establecen límites claros a la cantidad de agua que los concesionarios pueden usar. El agua no se “regala” a los empresarios privados. Al contrario: la concesión es un medio de control del uso de dicho recurso. Se pretende así también tener vigilancia sobre la posible contaminación y recuperación del agua utilizada.

Además, se establece un monto mínimo de caudal para las distintas cuencas contempladas en los decretos. Son las reservas. El hecho mismo de que se hable de la conservación de las reservas habla de que no se ha perdido de vista la necesidad de evitar la sobreexplotación.

No es de ahora

Los alegatos sobre la supuesta privatización del agua no son de ahorita. Por ejemplo, en enero de este año, la reportera Jesusa Cervantes, de Proceso, publicó un texto que abría diciendo:

En la Cámara de Diputados se aceleran los trámites para, al final de la actual Legislatura, aprobar una Ley General de Aguas –versión ampliada de la fallida “Ley Korenfeld” de 2015– que permitirá la privatización del líquido y su uso en el fracking, ese proceso que envenena mantos freáticos y tierras de cultivo sólo para obtener gas y aceite. Los especialistas advierten que el agua potable será más cara y quedará en manos privadas, y más: si las comunidades afectadas por esos abusos protestan, el Ejército intervendrá, amparado por la Ley de Seguridad Interior”.

Sobre el mismo tema, Regeneración publicó, también en enero de este año que “legalizado el despojo, las autoridades recurrirán a la Ley de Seguridad Interior para proteger esas inversiones, por encima de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos y harán uso legal del Ejército para someter a los inconformes”.

Nada de esto ha ocurrido. Todo es noticia falsa, producto de la ignorancia. Los medios son responsables.

FUENTE: ETCÉTERA/Orquídea Fong